Quizá pueda llamar la atención un consenso total acerca de que el tema de la ciudadanía está estrechamente relacionado con la democracia, aun cuando no queda claro que frente a este concepto todos los entrevistados estén haciendo referencia a lo mismo. La democracia, más allá de ser entendida como una determinada forma de gobierno, aparece como un valor en sí misma, que a su vez se manifiesta en otros valores tales como participación, pluralismo y tolerancia/respeto. Tal vez el mayor consenso en este punto estuvo en afirmar que la ciudadanía o el ejercicio activo de ella (si se toman las distinciones hechas en el punto anterior) implica «participación», entendiendo por ésta la acción de organizarse, opinar y/o tomar parte en los procesos de toma de decisión a distintos niveles (nacional y local). La participación aparece como deber y como derecho. Aquí nuevamente se hace la distinción entre quienes tienen una posición social que les da acceso a espacios privilegiados de información y círculos de influencia, versus aquellos que por su situación de marginalidad deben limitar su participación a lo estrictamente relacionado con su sobrevivencia. Para esas personas no se puede exigir el deber que como ciudadanos les correspondería de velar y de responsabilizarse por el desarrollo del país en su conjunto.
Al contrario, en tales casos queda claro lo ya mencionado acerca de contar con ciertas condiciones mínimas para el ejercicio ciudadano. Que la sociedad civil tenga espacios de participación fue mencionado por algunos como una de las características básicas de la democracia, así como contar con instituciones que representen efectivamente a los ciudadanos. En relación con este punto hubo quienes se mostraron muy críticos frente a la realidad actual (apoderados, profesores), mientras que otros (medios de comunicación, fuerzas armadas) reforzaron los avances en iniciativas que mejoran las condiciones para el diálogo y la libre expresión de ideas.
No es extraño que justamente los más críticos sean los que logren una menor participación efectiva en espacios de toma de decisiones. También es importante la opinión de uno de los entrevistados (apoderados) acerca de cierta fantasía en aquello de promover la participación ciudadana a través de algunas políticas públicas, pues al final lo que se hace es traspasar a la sociedad civil algunas responsabilidades que debieran ser asumidas totalmente por el Estado. Otros valores mencionados en este marco democrático base para poder hablar de ciudadanía son: justicia (equidad, igualdad), libertad y paz. La idea de «justicia», mencionada también como equidad e igualdad, apareció con mucha fuerza asociada con «bien común» y con «convivencia social». En algunos entrevistados, con más fuerza que en otros, las condiciones materiales de justicia social son una garantía de buena convivencia.
Aquí estarían entremezcladas las esferas de lo individual y de lo colectivo, por cuanto se alude a la interacción de sujetos que no viven aislados, pero que individualmente requieren de su bienestar personal. También la ciudadanía se asocia con «gobernabilidad», con mantener un orden social en sus componentes políticos, económicos, etc. Al respecto es interesante citar a García Canclini (1995), quien postula que actualmente el espacio de participación y articulación del orden es el mercado, y que a través de éste se estaría dando el ejercicio de la ciudadanía. En la misma línea, Nikolas Rose (1997) afirma que una de las características de los nuevos liberalismos es que a través de la mercantilización se produce una aparente devolución de los poderes reguladores de arriba (planificación y obligatoriedad) hacia abajo (las decisiones de los consumidores), en tanto que las dimensiones sociales del gobierno (trabajo social y seguridad social) ceden paso a una especie de «privatización de la gestión del riesgo» (pp. 37-38). El nuevo sujeto de gobierno, agrega Rose, es el cliente (en tanto consumidor de servicios diversos).
En efecto, una de las entrevistadas que se reconoció abiertamente liberal defendió el mercado como el mejor espacio articulador, y se mostró a favor de una máxima disminución del tamaño del Estado. En este esquema la gobernabilidad no es en ningún caso sinónimo de promover la expansión del Estado, pero sí de mejorar la fiscalización que desde él se ejerce.
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